Grandes empresas, responsabilidad social y ERTEs

Tiempos extraordinarios dan lugar a hechos extraordinarios. Ante la imposibilidad temporal de continuar la actividad laboral, como la que sufren muchas empresas de múltiples sectores como consecuencia del estado de alarma, la respuesta ordinaria es la suspensión de la relación laboral (el llamado ERTE) por fuerza mayor. Lo extraordinario es lo contrario: no acogerse a esta medida y mantener las relaciones laborales prácticamente inalteradas. Esto es justo lo que, al parecer, está sugiriendo o pidiendo la Ministra de Trabajo francesa a las grandes empresas de su país, las del CAC-40 entre otras. Así titula la noticia Financial Times: “French Minister urges big companies to opt out of costly layoffs plan”. Esta “petición” de la Sra. Ministra es significativa y merece una pequeña reflexión.

La pregunta adecuada hoy es ¿en qué podemos ayudar?, y la respuesta para muchas empresas es, en primer lugar, cuidar de las personas que integran su organización.

La clave de esta reflexión gira en torno a la idea de responsabilidad social, responsabilidad estimulada ampliamente por la percepción de tanto sufrimiento a nuestro alrededor. La pregunta adecuada hoy es ¿en qué podemos ayudar?, y la respuesta para muchas empresas es, en primer lugar, cuidar de las personas que integran su organización.

Cualquier empresa cuya actividad se ve directamente imposibilitada o paralizada por un decreto del Gobierno está en su derecho de acogerse a un ERTE por fuerza mayor. De ordinario, esto supone dejar de abonar salarios y que los trabajadores que cumplan las condiciones aplicables pasen a percibir prestaciones de desempleo mientras dura la suspensión. En las circunstancias extraordinarias actuales, el ERTE por fuerza mayor supone, además, la exoneración de cotizaciones sociales (del 100 por 100 o del 75 por 100, según la plantilla de la empresa) y unas condiciones más favorables para el disfrute de prestaciones de desempleo.

Mientras dura esta situación, el trabajador ve reducidos sustancialmente sus ingresos (la prestación es solo el 70 por 100 de la base reguladora y, además, se aplican topes cuantitativos que afectan especialmente a las bases más elevadas, de modo que en muchos casos la prestación ni siquiera cubre el 50 por 100 de los ingresos salariales que se venía percibiendo), y por ello es práctica habitual complementar tales ingresos con una aportación complementaria a cargo de la propia empresa.

Insisto en que la empresa que se acoge a un ERTE por fuerza mayor está en su derecho. Y desde luego este derecho debe ejercerse si con ello se consigue la supervivencia del proyecto empresarial y, por tanto, el incremento, o al menos el mantenimiento, del empleo en el largo plazo. Sin proyecto empresarial, no hay responsabilidad social de la que hablar.

Lo que está ocurriendo, en Francia igual que en España, es que el número de ERTEs está siendo sencillamente abrumador. Desde este punto de vista, jamás se ha vivido una situación como la presente, jamás han reclamado en tan pocos días tantas personas sus prestaciones de desempleo, jamás han solicitado en tan corto espacio de tiempo tantas empresas la suspensión de contratos por fuerza mayor. Son números estratosféricos, imposibles de gestionar adecuadamente. Y el golpe financiero al sistema es gigantesco. Estamos hablando de entre 3 y 4 millones de trabajadores: de durar dos meses la medida, el coste se acerca al 1 por 100 del PIB español. Solo en prestaciones de desempleo, sin contar lo que el sistema deja de ingresar por la exoneración de cuotas sociales. Una enormidad de gasto, en definitiva.

El otro gran momento histórico en que los ERTEs tuvieron gran protagonismo fue en los años de la gran crisis iniciada en 2008. Pero tras haber vivido profesionalmente ambos momentos, mi opinión personal es que la percepción social sobre los ERTEs ha cambiado. Son ya explícitas las críticas a grandes empresas que, tras publicar beneficios, solicitan un ERTE en las circunstancias actuales. No hablamos del aspecto jurídico, hablamos de la percepción social y de su conexión con la idea de responsabilidad social. Lo que la sociedad percibe es que un ERTE es una “ayuda del Estado a la empresa”. No es que socialmente no sea admisible (pues como sociedad debemos de tratar de salvar tantos proyectos empresariales como sea posible), pero quizá no lo es tanto para grandes empresas que cuenta con extensos recursos y amplios beneficios.

Todas estas grandes empresas, las del CAC-40, las del IBEX-35 y algunas más que o bien no cotizan o bien están en los aledaños de tan selectivos índices bursátiles, son actores fundamentales no solo de la vida económica, también de la vida política y social. Necesitan la salud del Estado y de la sociedad civil para prosperar. Y, sobre todo, necesitan cuidar a las personas que conforman su organización. Esa es su principal proyección de responsabilidad social en estos momentos: contribuir a no sobrecargar las arcas públicas, generar una visión más positiva de la empresa privada en nuestras sociedades (la francesa y la española, ambas, lo necesitan) e intentar mantener el nivel de ingresos de sus empleados durante estas semanas o meses. Me parece que, en este sentido, el anuncio que ha hecho estos días Inditex de no presentar un ERTE tampoco en abril y abonar la nómina integra al personal de tienda, unas 25.000 personas en España, camina exactamente en esa dirección. Y no es el único ejemplo. La visión de largo plazo y el compromiso con tu ecosistema político, económico y social siempre compensan.

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Francisco Gómez Abelleira es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, Of Counsel de Baker & McKenzie y miembro del consejo científico de Future for Work Institute

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